Andrés Manuel López Beltrán ha señalado públicamente al gobierno de Estados Unidos por la anulación de su visa, lo que ha llevado a una revisión de otros casos similares. En este contexto, el medio EL UNIVERSAL ha recopilado una serie de incidentes en los que políticos y funcionarios mexicanos han enfrentado cancelaciones de sus visas durante la administración de Donald Trump, lo que ha generado preocupación y especulaciones sobre las razones detrás de estas decisiones.
Un informe de la agencia Reuters, que data de 2025, revela que el gobierno estadounidense ha revocado las visas de al menos 50 políticos mexicanos. Entre los nombres destacados se encuentra Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, quien reveló en mayo de 2025 que tanto su visa como la de su esposo, el exfuncionario Carlos Torres Torres, habían sido canceladas. Ambos expresaron su confusión ante la medida y negaron estar bajo investigación alguna.
Asimismo, Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, recibió un correo electrónico en julio de 2025 notificándole sobre la revocación de su visa, aunque también dijo estar desinformado sobre las razones que llevaron a tal decisión. Por su parte, Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, informó en agosto de 2025 que le había sido retirada su visa mientras intentaba cruzar la frontera, aunque aseguró que esta situación no afectó sus responsabilidades como edil.
Recientemente, se ha mencionado la revocación de visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, respectivamente. Esta información fue publicada en junio de este año por el diario Los Angeles Times. En respuesta a estos reportes, Durazo cuestionó la falta de fuentes y evidencias que respaldaran tales afirmaciones, sugiriendo que podrían ser parte de intentos de desprestigio a proyectos políticos. Villarreal, en una conferencia de prensa, también negó la revocación y aseguró que no había recibido notificación oficial alguna de las autoridades estadounidenses.
Este panorama de revocaciones de visas ha generado un debate en México, donde los funcionarios afectados han expresado su desconcierto y han negado cualquier vínculo con actividades ilícitas. La situación plantea interrogantes sobre las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y el impacto que estas decisiones pueden tener en la política mexicana y en las relaciones bilaterales en general.
