En Baja California Sur, se llevó a cabo una relevante conferencia sobre justicia electoral en el Congreso del Estado, donde diversas autoridades tanto legislativas como electorales enfatizaron la necesidad de que el próximo proceso electoral se ejecute conforme a la ley, evitando la violencia y enfocándose en propuestas que realmente atiendan las inquietudes de la ciudadanía. Este evento se enmarca en un contexto de creciente preocupación sobre la integridad del proceso electoral y la importancia de un debate público robusto.
La magistrada Rebeca Barrera Amador, quien preside la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue la encargada de impartir la ponencia titulada “La justicia frente al proceso electoral”. Durante su intervención, Fabrizio del Castillo Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California Sur, subrayó que las elecciones de 2027 ofrecen una valiosa oportunidad para enriquecer la discusión pública, alineando las propuestas políticas con las verdaderas necesidades de la población local.
Del Castillo Miranda expresó su inquietud ante la actividad anticipada de ciertos actores políticos, que ya están comenzando a realizar acciones en pro del próximo proceso electoral, a pesar de que este aún no ha sido oficialmente convocado. En este sentido, hizo un llamado a los diferentes partidos para que se mantenga el respeto y la atención en los temas que realmente importan a la sociedad, más allá de las diferencias políticas que puedan existir.
En su presentación, Barrera Amador ofreció un panorama de los casos que maneja actualmente la Sala Regional Guadalajara, que ha recibido un total de 1,104 expedientes desde septiembre de 2025 hasta agosto de 2026, de los cuales 11 son de Baja California Sur. Entre los temas más relevantes discutidos se encuentran la violencia política de género, la fiscalización de recursos, así como los actos de campaña anticipados y las acciones afirmativas que buscan garantizar un proceso electoral más equitativo.
La magistrada también destacó los avances de las mesas naranjas, una iniciativa destinada a prevenir la violencia política en contra de las mujeres, que busca promover una colaboración efectiva entre instituciones gubernamentales, partidos políticos y poderes públicos. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de un análisis más exhaustivo sobre qué conductas se consideran actos anticipados de campaña, ya que estos pueden tener repercusiones significativas en la elegibilidad de los candidatos. “No buscamos obstaculizar”, aclaró Barrera Amador, refiriéndose a la importancia de definir claramente los límites de estas conductas antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para diciembre.
