Desde finales de 2024, la región norte de Baja California Sur se ha visto envuelta en una ola de violencia tras el asesinato de Eleazar Toscano, alias el Profe, quien lideraba la plaza de Guerrero Negro. Su ejecución el 11 de octubre en la colonia Marcelo Rubio marcó un punto de quiebre en la estructura del Cártel de Sinaloa en la entidad, pues la Mesa Estatal de Seguridad anticipó una inminente ruptura entre las facciones de Los Chapos, que dominaban la plaza, y Los Mayos, quienes empujaban desde Baja California. Este escenario se agravó después de la entrega de Ismael “Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, el 25 de julio de 2024, lo que generó una reconfiguración de fuerzas y desencadenó una serie de disputas sangrientas por el control del territorio.
Durante casi dos años, la violencia, los enfrentamientos y las desapariciones han sido constantes en la franja que va de Guerrero Negro, en Baja California Sur, hasta el poblado de Jesús María en el sur de Baja California. Ante esta situación, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y su homóloga de Baja California, Marina del Pilar, han sostenido diversas reuniones para coordinar estrategias que permitan enfrentar la creciente disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. La reunión más reciente se realizó el 12 de junio en Tijuana, donde ambos mandatarios intercambiaron información y acordaron medidas conjuntas, aunque los detalles de estos acuerdos se mantienen en reserva por motivos de seguridad, particularmente para proteger la zona del municipio de Mulegé, donde la presencia criminal se ha intensificado.
Castro Cosío explicó que uno de los objetivos principales es blindar la parte media de la península, considerada el área más vulnerable por la falta de vigilancia y la extensión del terreno. Para ello, el gobierno estatal busca implementar instalaciones donde los oficiales puedan descansar y así lograr una rotación constante de fuerzas, similar a la estrategia que ya aplica el Ejército Mexicano con un cuartel en la zona. Otra de las acciones propuestas es el cierre y bloqueo de múltiples brechas que han sido utilizadas por los grupos criminales para movilizarse y perpetrar enfrentamientos. Aunque admite que es imposible cerrar todas debido a la geografía desértica y la cantidad de caminos, el mandatario asegura que se están concentrando en los puntos clave para tener mayor control sobre los accesos y reforzar las revisiones aduanales antes de concluir su administración.
El impacto de la violencia no sólo se ha sentido en la seguridad pública, sino también en la economía local, especialmente en las comunidades pesqueras del norte de Baja California Sur. Los pescadores han denunciado, desde inicios de 2022, haber estado bajo el yugo del crimen organizado, obligados a entregar sus productos o a pagar cuotas a grupos armados que operan con total impunidad. El obispo Miguel Ángel Alba Díaz llegó a confirmar que los trabajadores del mar eran víctimas de extorsiones, golpizas y desapariciones. A estos hechos se suma la quema del edificio de una cooperativa pesquera en Bahía Tortugas y de un camión de transporte de mariscos en Ensenada en enero de 2025, acciones atribuidas a la célula criminal de “El Barbas”, Jesús Samahi Valdez, quien opera en diversas comunidades y está vinculado a Los Chapitos.
La presencia del crimen organizado en la región ha derivado en prácticas de control económico, como la imposición de un único comprador para los productos pesqueros y el establecimiento de precios por parte de los narcomenudistas, según lo señalado por la Procuraduría General de Justicia del Estado. El ex presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, reconoció que este fenómeno no se limita al sector pesquero, sino que afecta a otras actividades comerciales y deportivas, donde el cobro de piso y la regulación de horarios y ventas por parte del crimen organizado son una lamentable realidad. El propio De la Rosa lamentó que muchos padres de familia hayan dejado de asistir a eventos deportivos para vender productos con el fin de recaudar fondos, debido a las extorsiones que enfrentan, evidenciando así el profundo impacto social y económico de la inseguridad en Baja California Sur.
